Nancy Juárez Salas, jueza de distrito en Coatzacoalcos Veracruz, le exige a la presidenta de México que elimine del Diario Oficial de la Federación, la publicación sobre los cambios a la constitución que fueron aprobados por las dos terceras partes de la cámara de diputados, la mayoría calificada de la cámara de senadores y los congresos legislativos de más de 17 estados de la república mexicana.
La presidenta de México a pesar de que no ha sido notificada de manera oficial sobre esta resolución ha tenido la consideración de explicar, a través de las mañaneras del pueblo, que, en caso de ser notificada, no atenderá la resolución sin antes preguntar al poder legislativo si esta orden es procedente.
En consecuencia, los informadores de los medios de comunicación masiva, se han lanzado en una campaña para colocar la idea de que el inexistente desacato de la presidenta de México la puede llevar a prisión. Independiente de la posibilidad de este escenario, es pertinente preguntarse el sentido político, que guía a la jueza Nancy Juárez, para dar seguimiento al juicio de amparo que le provoca a esta jueza, amenazar con la pena de cárcel a la presidenta constitucional de México, la doctora en ciencias Claudia Sheinbaum Pardo.
Para defender la postura de la jueza Nancy Juárez, hemos escuchado en demasía a la élite del olimpo leguleyo, quienes se empeñan en demostrarnos que sí saben de leyes, o así lo aparentan cuando en español o en latín expresan con rimbombantes palabras abundantes de esdrújulas, ser los defensores de la ley suprema, pero en los hechos hacen de todo para no obedecer lo que ya está escrito en la carta magna.
Así, este proceso de reforma, que en la época prianista, habría sido un simple trámite decorado con cañonazos de privilegios, en el presente, ha sido enredado y contaminado, por la estratégica y mañosa actuación de los jueces y juezas especialistas en confundir a quienes deberían servir, me refiero al pueblo de México.
Su intento de confundir y provocar caos lo han hecho con ayuda y complicidad de los medios corporativos de manipulación mediática pero también con sus propias artimañas: suspensiones dudosas, abandono de trabajo con goce de sueldo, intentos de conferencias mañaneras y sobre todo lo han hecho manoseando a su favor por ser juez y parte, el noble y progresista recurso del juicio de amparo, legado del filósofo y masón liberal Manuel Crescencio García Rejón, a quien se le atribuye la creación de esta noble ley, orgullo de la legislación mexicana.
Ha sido profusamente documentado, que la ley de amparo se ha utilizado de forma irregular, no para defender al pueblo de los abusos del autoritarismo, sino para beneficiar al poder político o económico, legal o ilegal, nacional o extranjero, en contra de la sociedad mexicana. Les comparto algunos datos: se dictaron 717 suspensiones para impedir la extinción de fideicomisos del poder judicial, para obstaculizar la ley de la industria eléctrica se emitieron 161 suspensiones, contra el fondo de pensiones para el bienestar: 25 suspensiones y para prohibir las conferencias matutinas, 8 suspensiones.
Aun cuando el artículo 61 de la propia ley de amparo señala que este recurso es improcedente para adiciones o reformas constitucionales, texto que no requiere mayor interpretación por la claridad de su redacción, los conservadores de privilegios, en su primera conferencia matutina dijeron que el artículo 61 es una ley secundaria que todavía no tiene jurisprudencia y que por lo tanto aún se debe decidir si este artículo también es inconstitucional.
Regresando a la jueza Nancy Juárez, ella usó otro argumento: en entrevista en Radio Fórmula señaló que su postura no es contra la constitución sino contra el procedimiento que se aplicó para aprobar las reformas, además en la misma entrevista dijo que su decisión obedece a la defensa de los derechos humanos, los cuales sostiene la jueza que la ley constitucional viola por afectar, según ella, la independencia del poder judicial, porque según ella, los jueces electos se someterán a quienes los postulen, entonces yo me pregunto, lo mismo que ustedes, ¿la jueza, está en contra del procedimiento o de la propia constitución?
Se ha puesto en la mesa del debate que la democratización del poder judicial será una gran catástrofe debido a que las personas juzgadoras podrían ser electas sin haber pasado por la carrera judicial, la cual, si fue recorrida por Nancy Juárez, sin embargo, fuentes dentro del poder judicial aportaron al periodista Óscar Balderas los siguientes datos, los citaré sólo para ejemplificar que haber recorrido la carrera judicial no es garantía para el buen desempeño de la actividad como persona juzgadora.
En 2016, Nancy Juárez, estuvo sujeta a procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa.
En 2021, el pleno del Consejo de la Judicatura ordenó la suspensión de Nancy Juárez, tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos, quienes la acusaron de: incumplimiento del horario de trabajo, desempeño deficiente, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho a la inamovilidad de los trabajadores de su jurisdicción.
En 2022 la jueza fue sometida a procedimiento disciplinario por hostigamiento laboral, otorgar privilegios al personal que ella contrató, horarios excesivos de labores, así como aplicar procedimientos disciplinarios de manera arbitraria.
Además, fue objeto de amonestaciones verbales por irregularidades en la expedición de nombramientos, descuido de sus funciones y realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, ojalá haya sido por haber vendido colchas y no plazas del poder judicial.
En conclusión: El poder judicial de la federación no es propiedad de las personas juzgadoras, sino un poder institucional que debe ser considerado con mucho respeto, no sólo por quienes ahí desempeñan su trabajo sino también por la ciudadanía que debería sentirse orgullosa de contar con un poder que garantice, no con palabras sino con hechos, el cumplimiento de la constitución para proteger los derechos de los mexicanos y no sus sueldos y componendas oscuras. Y aquí está el principal problema de fondo: las personas juzgadoras que han usado su talento para la frívola defensa de sus intereses personales, no respetan el carácter institucional del honorable poder judicial, ya que a simple vista ha quedado constancia para la historia de que los conservadores de privilegios colocaron sus intereses personales por encima de los intereses del pueblo.