Al tratar de impedir la aplicación de la ley, 6 ministros y 2 ministras de la Suprema Corte de Justicia, aparecen como un puñado de personas prepotentes, chantajistas y politiqueras que se asumen como un poder supremo; por encima, no sólo de la presidenta, de los senadores y diputados, sino del máximo y soberano poder: el pueblo de México.
Decir que el pueblo mexicano es el poder soberano, no es retórica ni demagogia sino una verdad legal que se sostiene en la Constitución Política de México, que en su articulo 39 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo; que todo poder proviene y se origina del pueblo para beneficio del pueblo; y que el pueblo siempre, no cuando le dé la gana a un juez o a un ministro, sino siempre tiene el derecho de modificar la forma de su gobierno; y por si la aparente ignorancia es real en la mente de los ministros perjuros, les recuerdo enfáticamente que es voluntad del pueblo constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal.
Entonces ¿Qué alegan los siervos de Norma Piña? Veamos:
La historia comenzó cuando los diputados y senadores de la oposición se declararon en moratoria para no aprobar leyes propuestas por el poder ejecutivo, impidiendo beneficios sustanciales para el pueblo de México. Otra causa fue que la suprema corte de justicia, de manera sistemática, utilizó sus funciones para detener, por ejemplo, la reforma eléctrica la cual impide la infame entrega de nuestros recursos energéticos a empresas transnacionales; esté caso se sumó a otros en los cuales la posición ideológica de la suprema corte en contra de la cuarta transformación, echó abajo las leyes que ya habían sido aprobadas por los diputados y senadores.
Este problema debía ser resuelto de la única manera posible: la democrática, la cual implicaba transformar o purificar, al poder judicial y además lograr la mayoría calificada en el congreso.
El 5 de febrero de 2024, Andrés Manuel envío a la cámara de diputados, una iniciativa de ley para reformar el poder judicial; después propuso al pueblo de México la aplicación del llamado Plan C, el cual consistió en votar a favor de todas las candidaturas pertenecientes a la formula llamada: “Sigamos haciendo historia”, de tal manera que todas estas personas basaron sus campañas políticas en la Plan C, qué significó: lograr la mayoría calificada en el congreso para reformar al poder judicial, y eso fue lo que pasó: el pueblo decidió por medio de las urnas, no solo que Claudia Sheinbaum fuera presidenta, sino, además, decidió que la cuarta transformación tuviera la mayoría calificada para reformar al poder judicial.
Una de las más graves causas que han provocado el problema, es que la Lic. En derecho Norma Piña, presidenta de la suprema corte de Justicia opera a favor de la oposición, dejando de lado la constitucionalidad y por lo tanto su imparcialidad esto ha quedado demostrado por sus constantes reuniones de los jueves con personajes de oposición en la casa de Federico Jesús Reyes-Heroles; o cuando Alejandro Moreno, líder del PRI, confirmó que la ministra lo citó para reunirse en la casa de otro ministro con los magistrados del tribunal electoral, acción por demás indecente y antidemocrática, que deja ver en dónde están los intereses de Norma Piña y sus secuaces.
A esto se suma que Norma Piña, ordenó, avaló y promovió que los trabajadores del poder judicial dejaran de laborar, abandonando sus puestos de trabajo para manifestarse en contra de la reforma al poder judicial, a pesar de que en ninguno de los cambios constitucionales, se eliminan o se reducen los beneficios laborales de los trabajadores quienes, por su ya larga protesta han dejado de atender más 400 mil juicios y más de 10 mil audiencias para decidir la vinculación a proceso de presuntos criminales. Cabe señalar que los protestantes a pesar de haber abandonado su puesto de trabajo, han recibido su sueldo que al país le cuesta 188 millones de pesos diarios y que a la fecha suman ya más de 8 mil millones de pesos, cantidad que se nota en el ánimo festivo de los protestantes, en las coreografías reguetoneras y en las canciones mal entonadas que nos tratan de convencer que ellos, la fuerza laboral del poder judicial, alegres bailadores y cantadores que abandonaron los juicios para mostrar sus dotes artísticas, son quienes velan por la justicia nacional y sobre todo quienes nos van a defender en el futuro.
Las consecuencias negativas de estos actos no sólo serán sociales sino económicas y políticas; y todo por no querer obedecer el mandato del pueblo, porque efectivamente, la llamada reforma al poder judicial dejó de ser una iniciativa para convertirse en una ley constitucional, la cual debe ser aplicada y por lo tanto respetada por toda la ciudadanía incluyendo, sobre todo, a la ciudadanía que se desempeña como personas juzgadoras en México.
Sin embargo, la necedad sospechosa de 2 ministras y 6 ministros de la Suprema Corte, ha llegado a niveles de ridiculez, porque ahora se les ocurrió dar entrada a una solicitud de algunos jueces y magistrados, obviamente afectados en sus intereses personales, para revisar si la Constitución es constitucional, háganme el cabrón favor. Así que estos 8 ministros que seguramente no tienen que hacer, han decidido, que aplicarán su esfuerzo laboral por el cual perciben cientos de miles de pesos al mes; para revisar si los artículos de la constitución, avalados por 39 millones de personas, aprobados por mayoría calificada en la cámara de diputados, ratificados por mayoría calificada en la cámara de senadores, y por mayoría calificada en los congresos de la mayoría de los Estados de la Federación, son constitucionales.
Por supuesto que pueden hacerlo, pueden revisar lo que quieran, lo que es nefasto es que a pesar de saber que su actuar es obtuso, han decidido aplicar su tiempo, que es muy valioso porque nos cuesta a todos, en revisar si por ahí existe una coma mal puesta para echar abajo el texto constitucional que afecta no sólo sus privilegios, sino las componendas corruptas que seguramente tienen con el fáctico poder económico.
La respuesta que esperan las protestas y las irresponsables acciones de las 2 ministras y los 6 ministros, líderes secundarios del movimiento político comandado por ocultos líderes principales, es que el poder ejecutivo o el poder legislativo, caigan en su juego provocador, para hacerse las victimas y de esa forma llamar la atención de organismos internacionales anti soberanistas para convertirnos en Cuba o Venezuela y así presionar al pueblo de México y a su gobierno legítimo de que la corrupción en el poder judicial no se toca, sin embargo la presidenta Claudia Sheinbaum ya envío dos iniciativas de ley para regular la elección de jueces en el 2025 y ya les aclaró a los ministros conservadores, que ella no va a reprimir sus acciones sino que, según mi opinión, dejará que sigan haciendo el ridículo, hasta que el proceso de elecciones sea tan abrumador que logre echar fuera de la corte a los 6 ministros y a las 2 ministras que operan en contra de la constitución y por lo tanto en contra del pueblo de México.
En conclusión: Los líderes del movimiento político mal llamado poder judicial, no han dimensionado que la estrategia para conservar sus privilegios nacida de las sobrevaluadas mentes de gentuza como Claudio X González, Enrique Krause, Ernesto Zedillo y los merolicos protagonistas de los medios corporativos, será nuevamente una estrategia fallida. Esos líderes de oposición, Norma Piña y sus secuaces, involucraron a los trabajadores, que hoy siguen cobrando su salario por protestar a favor de la irracionalidad, esos líderes no han evaluado que esa misma estrategia fallida no logró demostrar la falsa idea de que en México vivimos en una dictadura. Por lo tanto, lo único que han conseguido es convertir al honorable poder judicial en el poder de la ridiculez.