Identifiquemos a los actores: El presidente de México, quien propuso reformar al Poder judicial; el poder legislativo que decidirá de acuerdo a votación democrática la aprobación de estas reformas; el poder económico representado, por un lado, en la figura de empresarios deudores del SAT y protagonistas de la revista FORBES que se han beneficiado de la corrupción en el sistema judicial para evadir impuestos, y por otro lado el crimen organizado que cuenta con apoyos de servidores públicos que cobran como jueces y además cobran para conseguir impunidad a los delincuentes.
En esta trama por supuesto que son parte del elenco los jueces, magistrados y ministros corruptos quienes han convertido al poder judicial en un centro de mercadería donde las sentencias o el retraso deliberado de los fallos, son el producto que se vende; pero también son parte del entramado los juzgadores honestos que son incorruptibles, aunque desgraciadamente son una minoría; y esto se ha hecho patente cuando los diagnósticos, que si existen, muestran que el poder judicial es considerado como el foco más grande de corrupción en México. Otro actor principal son los medios corporativos de comunicación que sirven a quienes se oponen a las reformas para amplificar sus argumentos sobre las desgracias que caerán sobre el país en caso de aprobarse las reformas.
A estos actores principales se han sumado los trabajadores del poder judicial a quienes se les solicitó ejercer presión para que no se aprueben la reformas, algunos de estos trabajadores, aunque vayan vestidos con el uniforme diseñado para las protestas, son conscientes de la corrupción pero acuden a las manifestaciones, temerosos de perder su trabajo o de ser relegados o maltratados por no solidarizarse con la causa de sus jefes inmediatos; otros trabajadores convencidos de que la causa de los jueces es puro patriotismo heroico, se manifiestan con pasión para evitar que las reformas afecten los derechos sobre todo financieros de los servidores públicos.
Es evidente que a pesar de foros, explicaciones y múltiples sesiones didácticas hay quienes simulan no entender y prefieren actuar con gritos y sombrerazos. Por eso es necesario que en esta historia no perdamos de vista el eje que da sustento a este tema: ¿Cuáles son las reformas principales que propuso el presidente de México? Me referiré sólo a tres:
Que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, bajo un proceso democrático.
En este punto les diré: En el poder judicial, existe un proceso profesional de carrera que permite a cualquier abogado que le interese ser juez, solicitar un espacio dentro del sistema judicial y después de un análisis de competencias y pasar por un elemental proceso de selección, lograr un puesto administrativo y desde ahí, avanzar de acuerdo con sus méritos y preparación hasta llegar a ser juez y si su desempeño es constante, llegar a ser magistrado y luego, ¿por qué no? Ministro de la Suprema Corte de Justicia, sin más trámite que presentar exámenes de oposición. ¿Por qué no me creen? Pues claro porque esto no existe. Habrá casos excepcionales, de esos pocos no estoy hablando. Lo que impera en el sistema del poder judicial es una red de influyentismo, lisonjería, intereses y afinidad con ideologías políticas y hasta religiosas, para poder lograr la legitima aspiración de ser juez. Este método perverso replica el modelo hasta que en algún momento alguien proponga un cambio, ese momento ya les llegó.
Por más que he escuchado y leído que las reformas provocarán la desaparición de la independencia del poder judicial, no he encontrado en qué parte está escondida esta intención. Lo que si me queda claro es que actualmente, sin que haya reformas, la designación de los ministros es ejecutada por el presidente de la República, a quien le bastaría con proponer una terna, que esta le sea rechazada, proponer otra y si se le rechaza designar libremente al ministro o ministra que decida, así llegó Lenia Batres a la corte. De tal manera que lo que las reformas proponen es cambiar el proceso para que, por medio de la democracia, se elijan a los jueces. ¿Esto en qué afecta a los trabajadores del poder judicial?
Tal vez a los trabajadores que son familia si les puede afectar, ya que se ha evidenciado de acuerdo con el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares que en los tribunales y juzgados federales existían 6 mil 755 “redes familiares”. Las 10 relaciones familiares más frecuentes representan 86 por ciento del total de los registros que revelan que 24 por ciento corresponden a primos; 21 por ciento a hermanos; 12 por ciento, sobrinos; 10 por ciento, cuñados; 9 por ciento, tíos; 9 por ciento, matrimonio; 6 por ciento, hijos; 4 por ciento, cónyuge primario; 3 por ciento, padres, y 2 por ciento primos o primas del cónyuge.
Otra propuesta de Andrés Manuel López Obrador es sustituir el Consejo de la Judicatura por dos órganos de control, uno para temas administrativos y otro para los disciplinarios, evitando que quien preside la suprema corte de justicia sea la misma persona que deba regular la incompetencia o corrupción de los jueces. ¿Esto en qué afecta a los trabajadores del poder judicial? No lo sé, pero a quién si afecta es a quien busque usar la presidencia de la corte, para establecer un medio de impunidad y de terrorismo para que todo el sistema dependa de su santa voluntad. Y aquí se empieza a desmoronar la arenga politiquera de los jueces y afamados especialistas en leyes que se rasgan las vestiduras a favor de la independencia del poder judicial.
Otra propuesta de reforma es que los jueces, magistrados y ministros dejen de ganar más de 150 mil pesos al mes, sueldo superior al del presidente de México y se ajusten a lo que la constitución en su artículo 127 párrafo II señala.
De acuerdo: los jueces, magistrados y ministros no tienen la culpa de recibir la cantidad anticonstitucional que les pagan, pero si esperamos que por lo menos que no se opongan a que se corrija esta incongruencia, ya que ellos, los jueces, son por antonomasia, los defensores de la constitución, a menos que su lema sea: “que se cumpla la ley, pero en los bueyes de mi compadre”.
Como resultado de los foros , mal llamados simulaciones, se modificó la propuesta en mas de 100 puntos, una de estas modificaciones es que el proceso de elecciones será progresivo y que los jueces, ministros y magistrados actuales, tendrán un lugar preferencial en la boleta de elección, y me vuelve la duda: ¿Esto en qué afecta a los trabajadores del poder judicial?
Claudia Sheinbaum, dijo algo que destrozó el corazón de quienes tenían la esperanza de que la presidenta cambiara de personalidad y que después de que Andrés Manuel López Obrador deje al vida pública ella, la primera mujer de izquierda renegara de la cuarta transformación para acudir a salvaguardar los intereses de los conservadores , lo que dijo fue que el presidente de México comenzó con la separación del poder político con el poder económico, y que ella, la primera mujer presidenta de México buscará separar el poder judicial del poder económico. Así que los defensores de la constitución y de la independencia del poder judicial pueden dormir tranquilos.
Y aquí entra en escena el poder económico. En un desplegado emitido por el Consejo coordinador empresarial se pide a los magistrados del tribunal electoral que violen en su totalidad el articulo 54 de la carta magna, símbolo que garantiza el estado de derecho. Pues bien, los empresarios piden que se viole este articulo para que los diputados de la cuarta transformación no cuenten con los votos suficientes para aprobar las reformas ¿Han escuchado algún juez, magistrado o ministro, salir a defender la constitución ante este llamado a violarla? Entonces cuando leo que hay personas juzgadoras manifestando su resistencia a las reformas, me pregunto: ¿Estos servidores públicos son guardianes de los derechos constitucionales que garantizan, repito el estado derecho o defienden sus intereses personales ?
La respuesta la encontré cuando en días pasados, los jueces, magistrados y ministros, que son titulares y no empleados subordinados, decidieron irse a paro de labores, pero lo que se les olvidó parar fue el proceso administrativo para que las áreas de recursos humanos siguieran operando para seguir cobrando su sueldo, claro, así cualquiera hace paro de labores al fin que el día 15 les caerá la quincena sin retraso. Ojalá que esta práctica se estableciera para todos los trabajadores que se ven forzados a abandonar su lucha por falta de recursos cuando entran en paro o huelga contra empresarios explotadores.
En conclusión, la estrategia de los conservadores de privilegios para que las reformas no avancen es por un lado evitar que los partidos afines a la revolución sin violencia, no cuenten con la mayoría calificada en el congreso y por otro lado, realizaron el paro de labores no para ganar la simpatía del pueblo sino para llamar la atención de los mecanismos injerencistas internacionales que buscan pretextos para convertir a los países democráticos en Cuba o en Venezuela, es por esa razón que el discurso de los conservadores de privilegios usan con ligereza enfadante, conceptos sublimes como la libertad, la democracia y los derechos humanos.